Gustavo Adolfo López Ortega es un líder de la insurgencia magisterial en Oaxaca y dirigente en ese Estado del Partido Comunista de México (PCM). El pasado domingo 22 de marzo, dos sujetos armados lo interceptaron cuando transitaba por la capital oaxaqueña; lo golpearon y lo amenazaron de muerte: “Esta es la última advertencia”, le dijeron.

Lo conocí en el año 2013 durante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México. Valga recordar que tales manifestaciones en contra de la privatización de la educación pública en México y la liquidación de derechos laborales del magisterio, terminó con una violenta represión por parte de la Policía capitalina en contra de las y los profesores, quienes llevaban varias semanas instalados en protesta pacífica en el Zócalo de la ciudad.

Me lo presentó Pável Blanco secretario general del PCM, durante una asamblea del Buró Político del Partido. Mi primera impresión fue de un hombre curtido en la lucha, de saludo firme y voz potente, recio en ideas y luchas como lo es la añeja tradición combativa oaxaqueña. Me dio detalles de lo que ocurría apenas a unas cuadras de donde estábamos. La consigna del magisterio era no moverse del Zócalo, no ceder ante las amenazas del Estado mexicano, y permanecer en el campamento hasta acabar con la reforma a la Educación. López Ortega era uno de los coordinadores de seguridad y reacción de los contingentes.

La segunda vez que lo vi fue un año después, durante el V Congreso Nacional del PCM, en Oaxaca. Era el responsable de la sede, el anfitrión. Poco después se convirtió en Secretario de Masas del Comité Central comunista.

Recuerdo sus palabras:

“Para el PCM está claro que en Oaxaca se están sintetizando las grandes contradicciones nacionales y en Oaxaca pronto desembocarán de una forma inesperada en un estallamiento y revueltas social que impactará en todo el territorio nacional».

Y tenía razón de sobra para decirlo. En el 2006, López Ortega se convirtió en uno de los activos más valiosos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que paralizó a este Estado y movilizó a diversos sectores sociales del país, incluidos el PCM y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en solidaridad con lo que era un movimiento de resistencia directa contra el entonces gobernador Ulises Ruíz Ortíz.

Gustavo Adolfo López Ortega ahora está bajo amenaza. Y no es casual. Con Peña Nieto en la presidencia del país han sido asesinados siete comunistas. Todos en el Estado de Guerrero, principalmente en el año 2013. Uno de ellos, el dirigente estatal del PCM, Raymundo Velásquez Flores, quien, en compañía de Miguel Solano y Samuel Vargas Ramírez, fueron abatidos e incinerados por fuerzas paramilitares. Hasta la fecha no hay castigo a los culpables.

A razón de esto, los cuadros comunistas se han movilizado en varias partes de México exigiendo respeto a la vida de López Ortega. Hace poco hubo una campaña mediática local para vincularlo con un grupo guerrillero. Falso. Y aunque me queda claro que el profesor no es de quienes recula en la lucha; que son inamovibles sus convicciones por un país de justicia y libertad para la clase trabajadora de su amada Oaxaca y de todo el país, también es cierto que existe un mal precedente en el actuar del Estado mexicano contra sus opositores políticos, principalmente los más decididos.

Si la vida de Gustavo Adolfo López Ortega corre peligro, el responsable es el propio Gobierno nacional, y toca a éste garantizar que se respete la integridad del dirigente comunista, porque la batalla que él está dando, aunque directa, es abierta, es limpia y es justa. Y de paso, una lección para muchos, que miran en otros países supuestas faltas de libertades políticas, cuando en México ocurren cosas como éstas, estas sí, fieles acciones de una dictadura.