¿Por qué están asesinando líderes sociales en Guerrero? Ya van 13 en lo que va del año y al Estado mexicano parece no importarle. Pero un artículo del periodista Roberto Ramírez Bravo publicado en La Jornada Guerrero, echa luz sobre los acontecimientos. ¿Se trata de “un desmantelamiento de lo que desde el poder político se percibe como una eventual insurgencia”?

El periodista cuestiona el embate del Gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero (PRD) para criminalizar a quienes se oponen a sus proyectos, encarcelar líderes de policías comunitarias, desaforar alcaldes que apoyen autodefensas y lo peor de todo, hostigar judicialmente y tolerar, al menos, el asesinato de líderes políticos. 

Ramírez Bravo menciona tres casos paradigmáticos ocurridos este año.

El de Rocío Mesino Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), asesinada el 20 de octubre; Raymundo Velázquez Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSREZ) y secretario general del Partido Comunista de México en Guerrero, asesinado el 6 de agosto; y Luis Olivares Enríquez, asesinado junto a su esposa Ana Lília Gatíca Rómulo, este domingo 10 de octubre y quien era dirigente de la Organización Popular de Productores la Costa Grande de Guerrero (OPPCG).

La cuestión es que a los tres, el Estado mexicano los tenía bajo sospecha de organizar una insurgencia armada, advierte el periodista.

Cada uno de los tres, pese a ciertas diferencias, reivindicaban las luchas de los históricos guerrilleros Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, líder del Partido de los Pobres quien intentó levantar una insurgencia comunista en 1970 en el sur guerrerense. Mesino, Velázquez y Olivares tenían claro que la organización popular era su única posibilidad de sobrevivir a la violencia del Estado, los paramilitares al servicio de las compañías mineras y hasta los narcotraficantes.

Por su parte, organizaciones como el Partido Comunista de México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y hasta el Ejército Popular Revolucionario (EPR), en un comunicado, han coincido en advertir que tras las matanzas se encuentra la campaña del Gobierno mexicano y el Pacto por México (alianza político-empresarial de la burguesía mexicana) por imponer las privatizaciones capitalistas que, entre otras cosas, incluyen la comercialización de los recursos naturales y minerales, justo contra lo que las comunidades guerrerenses luchan, desde la costa hasta La Montaña.

¿Qué tanta razón tiene la hipótesis planteada por el periodista Ramírez Bravo? ¿Quiere Enrique Peña Nieto acabar de un jalón con cualquier brote de insurgencia popular en el país? Al menos, queda claro que la posibilidad asusta al Estado mexicano. No en balde, la represión oficial ha recrudecido; incluso en la Ciudad de México, paraíso de ”libertades democráticas”, según algunos, donde han tenido lugar aprehensiones extrajudiciales durante varias protestas en el año y se ha implementado un nuevo modelo de violencia de Estado mediante el encapsulamiento de cualquier manifestación pública masiva, política o cultural, incluyendo el terrorismo mediático contra activistas.

Parece entonces que México está a punto de encontrar la verdad de lo que ocurre en Guerrero y prácticamente en todo su territorio. Lo que es cierto es que Peña Nieto y los capitalistas tienen como estrategia implementar el miedo colectivo. Intentar desmovilizar a las organizaciones –para lo cual funcionan muy bien agentes reformistas como Andrés Manuel López Obrador-, e imponer a punta de fuego podrán imponer las “reformas estructurales” para terminar de saquear al país y exacerbar la explotación de la clase trabajadora.
ALBERTO BUITRE