Mientras el pasado viernes 13, Enrique Peña Nieto dedicaba sus esfuerzos a desalojar el Zócalo de profesores de la CNTE y arrestar ilegalmente estudiantes, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitía una alerta que el Gobierno prefirió omitir: “La combinación de dos perturbaciones tropicales propiciará lluvias muy fuertes. Las precipitaciones serán de intensas a torrenciales”. Al día siguiente, los huracanes “Manuel” e “Ingrid” azotaban el Golfo y el Pacífico mexicano con “niveles promedio incluso históricos de precipitaciones”.
Pero el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) decidió actuar hasta la madrugada del domingo 15. Al tiempo, ya había 57 muertos. En Guerrero, 27; 12, en Veracruz; 4, en Hidalgo, 3, en Puebla; en Jalisco, 2; en Michoacán, 2; en Oaxaca, 4; en Tamaulipas, 1; en Morelos, 1, y uno más en Coahuila. El domingo 16, unos 19 mil militares desfilaban por la plaza de la Constitución, ataviados con armas y trajes de gala, mientras miles de turistas quedaban varados, sin asistencia humanitaria.
Sin embargo, este miércoles 18, la Cámara de Diputados propuso aprobar un punto de acuerdo donde se destacaba la “puntual intervención del Ejecutivo federal para atender las necesidades de las poblaciones afectadas por los recientes desastres climatológicos”. La iniciativa fue impulsada por el perredista Silvano Aureoles.
Al momento de esta publicación, la Secretaría de Gobernación mexicana afirmó que son 97 los muertos. 65 en Guerrero; 11 en Veracruz y 21 más entre los nueve Estados restantes. Además, 57 desaparecidos, todos y todas, habitantes de la comunidad La Pintada en el municipio guerrerense de Atoyac de Álvarez, donde el lodo sepultó a parte del poblado de apenas 700 habitantes. La mayoría de ellos se encuentran desplazados y sin conocerse su paradero.
Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional comenzaron el miércoles 11. El organismo advirtió “lluvias fuertes a muy fuertes”. Pero el Gobierno mexicano decidió actuar hasta cuatro días después. Apenas unas horas después que Peña Nieto hiciera el ridículo en el Zócalo, dando el ‘Grito’ de Independencia lleno de acarreados priístas. Primero lo primero, primero, cumplirle al “señor presidente” y a sus hijos el capricho de montarse en Palacio Nacional a agitar la bandera. Y luego la gente, siempre la jodida gente después.
Por eso el diputado Manuel Huerta del Partido del Trabajo acusó que el gobierno de Peña Nieto “no alertó a la población” e “incumplió con el protocolo de protección civil”. Propuesto entonces que se evaluara y juzgara si el Sinaproc actuó a tiempo. Obvio, no. Y no sólo eso, considerando la fiesta priísta del ‘Grito’, decidió deliberadamente actuar hasta después.
Dijo el diputado Huerta:
“La tardanza en la atención de los fenómenos generó más daños de los que se hubieran ocasionado si el Sistema Nacional de Protección Civil funcionara de conformidad con lo dispuesto en la ley”.
Pero ni con la ley, estuvo dispuesto. Y peor: 97 muertos, 57 desaparecidos, incontables desplazados y damnificados, y los medios siguen hablando de «afectaciones».
Por eso la culpa de la devastación por los huracanes la tiene Peña Nieto y su inservible gobierno. La culpa por los muertos, las desapariciones, los desplazados y los miles de damnificados. Además, de los millonarios daños a la infraestructura carretera, eléctrica, urbana y de servicios. Es suya la responsabilidad y del Estado mexicano. Porque pasan los huracanes y los años y cada vez los efectos son peores; más muerte, más destrucción. Culpa de un sistema que privilegia lo mercantil sobre lo humano. Más preocupado por legitimarse, por demostrar poder, que por la vida de miles de personas. Y seguirá pasando, porque el pueblo les vale madre. – ALBERTO BUITRE
Luis Alberto Rodríguez Ángeles 
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