Más de 300 kilómetros a pie desde Guerrero hasta el Distrito Federal recorrió una delegación de noventa campesinos e indígenas de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) en representación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), para manifestarse en contra de la imposición de mineras canadienses en las regiones de La Montaña y la Costa Chica de este Estado suroccidental de México.

La delegación partió el pasado viernes 12 del municipio de Malinaltepec y llegó el lunes 15 a la capital mexicana, buscando reunirse con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para entregarle sus demandas en contra la instalación de las mineras a las que, no obstante, la Presidencia de la República entregó ya más de 26 concesiones de extracción en 32 de los 42 puntos mineros a lo largo de 200 mil hectáreas de zona minera guerrerense , provocando la devastación natural y privatización de zonas comunales en detrimento de la organización, cultura y territorio indígena de este estado.

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC, -organización ganadora del Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en el 2011-, actualmente existe en Guerrero “una explotación desmedida de los minerales que se encuentran en el llamado Cinturón de Plata de la Sierra Madre del Sur”.

Tlachinollán detalla que algunas de las concesiones mineras en esta región son “La Diana” con una superficie de 15 mil hectáreas otorgada a la empresa canadiense CAMSIM, la cual afectará a los núcleos agrarios de Zitlaltepec, Iliatenco, Paraje Montero y Malinaltepec; además de la llamada “Corazón de Tinieblas”, con una superficie de 50 mil hectáreas concesionada a la empresa inglesa HOCHSCHILD, la cual afectará a los núcleos agrarios Totomixtlahuaca, Acatepec, Tenamazapa, Pascala del Oro, Colombia Guadalupe, Iliatenco, Tierra Colorada, Tilapa y San Miguel del Progreso.

“Los mecanismos para el otorgamiento de títulos de concesión para la extracción de minas en territorios indígenas viola de manera flagrante los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución (…) como son “el derecho a la consulta previa libre e informada, el derecho a la preservación del territorio y los recursos naturales, el derecho a conservar y mejorar el hábitat y la preservación de las tierras, así como su derecho a la planeación, utilización, administración y conservación colectiva de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Además de lesionar gravemente el ecosistema de estas regiones, la minería ha significado “esclavitud y muerte” para los pueblos de Guerrero, denuncia Tlachinollan. Esto motivó que la LARSEZ dispusiera su marcha justo el 12 de octubre que “marca para nosotros el inicio del despojo, asesinato, discriminación y arrasamiento de los pueblos originarios, y a quinientos años de eso, nosotros venimos a decirle al Gobierno que existimos, que vivimos”, dijo en entrevista a pie de la marcha, Raymundo Velásquez Flores, dirigente de la organización.

La marcha-comisión es integrada por campesinos, indígenas, profesores y estudiantes de los municipios de Malinaltepec, de la región de La Montaña, Atoyac de Alvarez y Coyuca de Benítez de la Costa Grande y San Luis Acatlán de la Costa Chica, y fue recibida por el senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, quien, a su vez, les prometió una reunión con la Secretaria de Gobernación sin que a la fecha exista fecha disponible para el encuentro.

De acuerdo con datos expuestos por la Cámara Minera de México, las mineras canadienses son el cuarto corporativo extranjero con más inversión en el país, y son los dueños de la exploración y explotación de oro y plata en estados como Chihuahua, Baja California, Durango, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Chiapas, según sus registros. De estas, la industria Goldcorp Inc, es dueña de un tercio de la producción total, incluida la mina Los Filos en Guerrero con un saldo de más de seis toneladas de oro anuales, con pretensiones de expansión hacia las comunidades dominadas por la LARSEZ.

Hace unos días, más de cinco mil indígenas y campesinos pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) se reunieron en la comunidad de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, en la región Tlapaneca, para rechazar la instalación de las mineras canadienses en la zona y establecer medidas de resistencia.

Ahí, se negaron a la venta de las tierras comunales según es el proyecto del Gobierno de México para que las mineras puedan instalarse en el territorio. Eso significaría el derribo de asentamientos como panteones, iglesias, escuelas, tierra agrícola y casas de uso cotidiano, para el posterior desplazamiento de las comunidades.

“Nosotros ya hemos tenido experiencias con otras empresas de explotación de minas y lo que ha arroja es muerte. Y a final de cuentas ni pagan la tierra. Nosotros no queremos sacar a nuestros muertos de nuestros panteones, de nuestras iglesias. Nosotros nos regimos por usos y costumbres y ahí (donde se pretenden instalar las nuevas mineras) es donde estamos nosotros”.

La intención de la LARSEZ es quedarse en la Ciudad de México hasta reunirse con el secretario Poiré y definir una solución al conflicto por la instalación de las mineras ante las cuales, afirma Raymundo Velásquez, los indígenas y campesinos guerrerenses no dudan en plantar una resistencia efectiva. Tras lo obtenido, regresarán a sus comunidades e informarán a su pueblo que ya se organiza de la mano de la CARC-PC.

por @albertobuitre
Publicado en Los Ángeles Press

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